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miércoles, 22 de diciembre de 2010

Amnistía critica la impunidad de los torturadores en el Sáhara

Rabat no investiga los abusos cometidos por marroquíes durante los disturbios de El Aaiún
Derechos pisoteados en medio de protestas, violencia y represión. El título del informe que Amnistía Internacional (AI) ha divulgado sobre el desalojo del Campamento de Gdem Izik, en El Aaiún, es elocuente y describe una espiral de violencia y de violación de derechos iniciada por la brutal intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes el 8 de noviembre. Una situación que terminó con los trece muertos que confirma la organización (11 marroquíes y 2 saharauis), más de 200 detenidos, asaltos a edificios públicos, negocios y casas, y numerosos casos de saharauis torturados en total impunidad.


El documento, elaborado sobre el terreno entre el 22 de noviembre y el 4 de diciembre por una misión de Amnistía, censura la violencia ejercida por ambos bandos, marroquíes y saharauis. Sin embargo, traza una línea divisoria entre las consecuencias que afrontan unos y otros: mientras que 130 saharauis han sido procesados, ningún agente marroquí, ni tampoco los civiles que participaron en asaltos y saqueos de casas, deberá responder por sus actos, al menos según los datos en poder de Amnistía Internacional.

"Todos los saharauis entrevistados por Amnistía Internacional explicaron cómo habían sido golpeados, torturados o sometidos a otros malos tratos, y la mayoría presentaba cicatrices y heridas visibles, que coincidían con sus testimonios. A pesar de ello, las autoridades marroquíes no han tomado ninguna medida para investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos", denuncia la organización internacional.

Sin las autopsias
Nadie ha sido investigado por la muerte en circunstancias no aclaradas de dos saharauis (uno, Babi Gargar Hamadi, era también español). Rabat asegura que Hamadi murió atropellado y el otro, Brahim Daoudi, por "un ataque de asma", pero las familias aún no tienen los resultados de las autopsias, lamenta AI. Sin embargo, varios saharauis han sido acusados por homicidios de marroquíes. Víctimas como los jóvenes agentes Yassine Bougataya, de 24 años, y Anas Belhouari, de sólo 23.

Tampoco se ha abierto una investigación por abusos como los sufridos por una mujer de 60 años, cuyo testimonio recoge el informe: "Cuando estaba saliendo de la tienda [de campaña], tres antidisturbios me golpearon con sus porras, levanté mi brazo izquierdo para protegerme y recibí golpes muy fuertes hasta que un gendarme amable me salvó".

"Al día siguiente fui al hospital. En la puerta, mi hija dijo que tenía diarrea porque teníamos miedo de decir que me habían pegado. Una vez dentro, conté que me había caído: tenía tres fracturas en el brazo y moratones enormes en piernas y espalda".

Personas inofensivas como esta saharaui, o un joven discapacitado de 22 años, al que los gendarmes golpearon salvajemente para que luego el juez lo liberara sin cargos, llevan a AI a recordar a Marruecos: "Las agresiones a personas bajo custodia y que no supongan ninguna amenaza son siempre ilegítimas y no deben tolerarse".

Aunque la organización no logró el permiso para acceder a los saharauis presos, sí habló con sus abogados, que explicaron que la mayoría ha denunciado torturas, "incluido uno que denunció haber sido violado con una botella". De los "más de 130 saharauis procesados", al menos 19 han sido remitidos al tribunal militar "pese a ser civiles", deplora la organización, que recalca que algunos son "conocidos activistas saharauis que propugnan la autodeterminación del Sáhara occidental. Su detención ha hecho aumentar el temor de que las autoridades pretendan implicar a opositores y críticos pacíficos debido a sus opiniones políticas".

Para acabar con la impunidad, Amnistía insta a Rabat a "garantizar que se realizan con prontitud investigaciones judiciales sobre todos los abusos contra los derechos humanos" o bien a establecer una comisión "independiente" de investigación. En su informe, la organización incluye una recomendación para el Consejo de Seguridad de la ONU: que amplíe el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara occidental (MINURSO), para que supervise el respeto a los derechos humanos en la ex colonia española y en los campamentos de refugiados de Tinduf.

TRINIDAD DEIROS MADRID
Fuente:http://www.publico.es/internacional/352671/amnistia-critica-la-impunidad-de-los-torturadores-en-el-sahara
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martes, 14 de diciembre de 2010

Marruecos censuró las ediciones de EL PAÍS y Le Monde que recogían cables sobre la corrupción en el Palacio Real

Las autoridades marroquíes no cortaron el acceso a las páginas web de todos esos diarios

Marruecos impidió la distribución de las ediciones de EL PAÍS del 3 y 12 de diciembre así como la del diario francés Le Monde del 12 de diciembre. Ambos recogían cables de las representaciones diplomáticas de EE UU en Marruecos que han sido considerados "difamatorios" por las autoridades marroquíes, según informa la agencia AFP desde Rabat que cita a fuentes del Ministerio de Comunicación.


EL PAÍS y Le Monde se hicieron eco de un cable, de diciembre de 2009, del Consulado de EE UU en Casablanca, en el que se relacionaba al entorno del rey Mohamed VI con la corrupción en el sector inmobiliario. El periódico británico The Guardian también informó de ello el 6 de diciembre.

El pasado domingo, EL PAÍS divulgaba otros informes estadounidenses que desvelaban la intervención del monarca en los procesos electorales para impedir a los islamistas adueñarse de varios grandes ayuntamientos tras los comicios municipales de junio de 2009. El rotativo árabe Al Quds al Arabi, publicado en Londres, recogió, el primer fin de semana de diciembre, la información divulgada por EL PAÍS sobre la corrupción en el palacio real y tampoco pudo ser distribuido en Marruecos.

"Marruecos ha aplicado un artículo del código de la prensa que estipula que el Ministerio de Comunicación tiene derecho a prohibir cualquier publicación cuyos artículos atentan contra la religión, la integridad territorial [la pertenencia del Sáhara a Marruecos] y la monarquía", señaló a AFP un responsable del Ministerio de Comunicación que prefirió que su nombre no fuese divulgado.

Las autoridades marroquíes no cortaron, sin embargo, el acceso a las páginas web de todos esos diarios.

IGNACIO CEMBRERO - Madrid - 14/12/2010


Fuente: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Marruecos/censuro/ediciones/PAIS/Le/Monde/recogian/cables/corrupcion/Palacio/Real/elpepuint/20101214elpepuint_21/Tes
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lunes, 13 de diciembre de 2010

Mohamed VI: La inmensa riqueza del rey vecino

Es el séptimo monarca más rico del mundo, con 1.800 millones. Colecciona coches de lujo, trajes caros, posee cinco palacios... Sus negocios representan el 6% del PIB marroquí


EL MUNDO. AÑO II. NÚMERO 97. LA OTRA CRONICA. SÁBADO 4. DICIEMBRE 2010 (recogido de Foroloco.net)



ÁNGELA TORRES



Tomando el té, rezando o durante la tradicional fiesta del cordero, pero también en alguno de sus fastuosos juguetes de cuatro ruedas, apuntando con la escopeta durante una jornada de caza o haciendo esquí acuático. El omnipresente retrato del monarca alauí Mohamed VI preside de esa guisa escuelas, restaurantes, oficinas, establecimientos comerciales y hasta salas de gimnasios.



El rey (nacido en Rabat en 1963) cumplió en 2009 sus primeros diez años en el trono. En sus primeros pasos como monarca fue apodado por sus aires de modernidad como el rey cool, y por la esperanza que se depositó en él cuando relevó a su padre, Hasán II, también se le llamó el «monarca de los pobres». La revista Forbes, sin embargo, le ha clasificado como el séptimo rey más rico del mundo, con una fortuna de 1.886 millones de euros. El nuestro, Don Juan Carlos, sin embargo, no aparece en la lista. Apareció en 2003, pero por error. Forbes le situó entonces como el sexto monarca de Europa más pudiente con una fortuna de 1.790 millones de euros, cifra que se desmintió después porque habían contado los inmuebles de Patrimonio Nacional. La Casa Real española tiene una asignación global anual de 25 millones.



Pero ahora Mohamed VI también es objeto de los informes secretos de Wikileaks. La embajada de EEUU en Rabat y el consulado en Casablanca asegura que «la influencia y los intereses comerciales del rey de algunos de sus asesores son palpables en cada proyecto inmobiliario». Lo que viene a decir que la corrupción en Marruecos está a la orden del día, pues todas las grandes inversiones del país pasan siempre por la aprobación y beneficio del rey.



El monarca, casado con Lala Salma (licenciada en ingeniería informática) y padre de dos hijos, no ha hecho si no ver cómo aumentaba su patrimonio en los últimos años. Un patrimonio conformado, según los analistas, por colecciones de obras de arte, vehículos, participaciones en los grupos económicos más rentables del país y decenas de propiedades dentro y fuera del reino.



«Están siempre muy cuidados y recordaban, al menos en tiempos de Hassan II, a los cuentos de las mil y una noches», rememora con nostalgia una asidua del entorno real. Se refiere a los palacios imperiales, los de Marraquech, Fez, Mequinez, Casablanca y Rabat. No son los únicos que se reparten por la geografía marroquí, también se levantaron residencias reales en otros puntos como Errachidia, Agadir, Ifrán, Buznika, Tánger, Nador, Skhirat, Khenifra o en Oujda. Según informa la revista Forbes, los palacios tienen un presupuesto de cerca de 757.200 euros al día.





PROPIEDADES EN FRANCIA



No son sus únicas propiedades inmobiliarias, también posee otras en Betz o La Celle Saint-Cloud, en Francia. Precisamente el país galo es uno de sus favoritos para pasar temporadas de descanso en la exquisita estación de Courchevel, en los Alpes. También le gusta dejarse caer por París, donde se encuentra uno de sus diseñadores preferidos, Gianfranco Ferré.



Pero según publicó el semanario independiente TelQuel, no son los únicos trajes que le gusta vestir a Mohamed VI. También siente predilección por los de lana de lama, de los que ha llegado a hacer pedidos de más de 43 millones de euros. Pero las aficiones reales también van sobre cuatro ruedas. Es vox populi en Marruecos que el monarca es un gran amante de los coches y de ser él quien se sienta al volante. Según se publicó en Al Ayam, su parque automovilístico suma unos 600 vehículos de colección, que suponen unos seis millones de euros al año en mantenimiento y 30 millones en desplazamientos.



Mohamed VI ha ido incrementando en los últimos años la importante colección de su padre, y muestra de su debilidad por su escudería es el cuidado que les dedica. Hace algo más de un año, enviaba en un avión de las Fuerzas Aéreas marroquíes al sur de Inglaterra su Aston Martin DB7 color acero, valorado en 102.000 euros. En 2009, The Sun daba fe de la llegada del coche al Newport Pagnell, donde tiene un taller la firma.



Según fuentes económicas, el monarca ha sabido cómo aumentar año tras año el holgado patrimonio que heredó de su padre. Cuando en 2000, un año después de su ascenso al trono, el jeque Abdeslam Yasín, líder del movimiento islamista marroquí Justicia y Espiritualidad (impedido por las autoridades a constituirse como formación política), hizo una estimación de su fortuna fue la primera vez en Marruecos que alguien habló públicamente con cifras del patrimonio real.



Yasín barajaba un montante de entre 30.000 y 40.000 millones de euros, y reclamó entonces al joven monarca que repatriara el patrimonio del que disponía su padre en el extranjero. También especificaba que en las cifras ofrecidas se habían contabilizado las cuentas bancarias y las inversiones financieras, pero no «otros valores inmobiliarios y diversos haberes». El jeque citaba también entonces las costosas colecciones de Hassan II. Entre ellas, enumeraba las de caballos pura sangre o sus adquisiciones artísticas.



Años después, algunas publicaciones del país han hablado de los negocios de Mohamed VI. En 2009 TelQuel publicaba un número especial titulado The businessman (el hombre de negocios), en el que se desglosaba el complicado entramado de sus negocios. «En 1999, Mohamed VI heredó un holding que tenía más de caja negra que de grupo estructurado. Diez años más tarde, sus hombres la han convertido en una máquina de guerra económica que nada puede parar». El holding de su majestad, cuenta TelQuel, se conoce como Siger, anagrama de Regis, rey en latín. Y controla «una cascada de filiales» cuya cifra de negocios en 2008 fue 3.565.062.388 euros.



La mayoría de sus filiales «se encuentran bajo la copa de la SNI (Société Nationale d’Investissement; Sociedad Nacional de Inversiones) y la ONA (Omnium Nord Africain). Un dominio en el que «no se habla de Mohamed VI, o de Su Majestad, sino del patrón». En la actualidad, según el semanario, «sus negocios representan el equivalente del 6% del Producto Interior Bruto (PIB) de Marruecos», que en 2009 fue de 145.200 millones de euros.



Según TelQuel, las empresas que controla Siger «tienen un pie en casi todos los sectores estratégicos del país: finanzas y seguros, telefonía, energía, inmobiliario, materiales de construcción, extracción minera, agroalimentario, gran distribución, automovilístico… ». Hace unos meses, ONA y SNI hicieron pública su fusión e informaron de que se retirarían de la Bolsa. Sus filiales, en cambio, no lo harían. Dicha operación se acometía para mejorar su reorganización y «convertirse en un holding de inversión con un único oficio, el de accionista profesional».



En un editorial de TelQuel publicada en mayo, Benchemsi ponía en duda la explicación de ONA y SIN y aseguraba que se estaba creando «un ogro capitalista tan espantoso como invencible y, además, lejos de las miradas, puesto que la transparencia bursátil desaparecerá ». Y continuaba: «A partir de 2010 los marroquíes ya no podrán seguir la evolución de la fortuna del monarca, que hasta ahora sí era posible reconstituir parcialmente ». Dice Ahmed Reda Benchemsi, director de TelQuel: «Esas sociedades pertenecen, de cerca o de lejos, al jefe del Estado, que es también el primer empresario del reino; (...) el éxito de ese imperio económico se debe, en buena medida, a la identidad de su propietario y a la potente palanca que supone en cualquier negociación».



SALARIO MÍNIMO: 300 EUROS



Para algunos economistas marroquíes, sin embargo, es positivo que el rey disponga de un gran patrimonio para poder dinamizar la economía y actuar con una influencia directa sobre ella, sin dejarla únicamente en manos de los empresarios. Mohamed VI, el «monarca de los pobres », reina en un país donde el salario mínimo es de unos 300 euros al mes, donde todavía millones de personas viven con menos de un euro al día y que, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas (ONU), ocupa el puesto 114 —España está en el 20— en un ranking de 169 países.



«Dicen que es un buen rey, que ayuda a las personas que no tienen recursos; le pedimos a Dios que nos visite, que nos saque de esta miseria», relataba hace meses Fatna, una joven bereber de Aid Abbas, un pueblo perdido del Atlas marroquí, donde hasta la bandera nacional que preside su entrada ondeaba roída y descolorida por las envestidas del sol y del viento.



Una aldea de desvencijadas casas de adobe, piedra y madera donde no hay escuela ni centro sanitario. «Aquí vivimos con lo mínimo», decía Fatna rodeada de su prole. En su pequeña vivienda hay poca cosa que contar. Un par de colchones, algún utensilio de cocina, algo de ropa y un par de libretas que descansan sobre la misma estantería donde Fatna mantiene impoluta la fotografía de Mohamed VI. «Ojalá nos escuche », suspiraba.





SALIDA A BOLSA: Mohamed VI planea fusionar los dos grandes holdings que controla, la Société Nationale d’Investissement (SNI) y Omnium Nord Africaine (ONA), entidades que obtuvieron unos beneficios netos de 340 millones de euros en 2009, para iniciar ventas de filiales y salidas a Bolsa de sus negocios emergentes. La familia real marroquí es la accionista mayoritaria de estos dos grupos a través de la sociedad Siger, anagrama de regis, rey en latín. Entre esas empresas que abarcan los holdings, destaca Nareva, un grupo energético que está construyendo un rentable parque eólico al sur de El Aaiún, que creará 100 empleos y producirá 200 megavatios, y otras de explotación agraria. La versión oficial de Mohamed VI es que con estas operaciones empresariales impulsa la economía del país, pero su estrategia no parece dar los frutos filantrópicos que tanto necesita Marruecos.



NEGOCIOS CON ESPAÑA: Bajo su manto también está la primera entidad bancaria privada del país, el Attijariwafa Bank, ligada a otros bancos españoles. El Santander vendió al SNI hace un año un 10% de su participación por 367 millones de euros y Caja Madrid un 3,4% por 157 millones. Le salió mejor la jugada a Rodrigo Rato que a Emilio Botín.



LAS MIL Y UNA NOCHES: No sorprendería que en la vida de lujo de Mohammed VI existieran hasta alfombras voladoras. Tiene residencias reales desplegadas por todo el país y palacios imperiales equipados a la última. Aparte de sus mansiones oficiales en Rabat, Marraquech, Fez, Mequinez y Casablanca, tiene asilo y refugio de oro en Errachidia, Agadir, Ifrán, Buznika, Tánger, Nador, Skirat, Khenifra y Oujda. El mantenimiento de los palacios cuesta casi un millón al día.



‘EL REY COOL’: Se viste en Gianfranco Ferré, hace pedidos de 43 millones en trajes de lana de lama, tiene 600 vehículos de alta gama en el garaje de palacio, entre ellos su ojito derecho: un Aston Martin DB7 color acero que lleva a reparar en avión a Inglaterra. También colecciona caballos de pura raza.



‘PARIS, JE T’AIME’: Suele viajar a la capital gala de compras, pero en Francia también tiene propiedades en Betz, La Celle Saint-Cloud y en Courchevel, en los Alpes, donde le gusta esquiar.

Fuente: http://elmundo.orbyt.es/2010/12/04/orbyt_en_elmundo/1291420346.html

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sábado, 11 de diciembre de 2010

Marruecos, barra libre para la muerte

Un humilde ciudadano de Mutxamel tiene que pedir al Gobierno de Zapatero para que pida explicaciones a Marruecos por el asesinato de su hermano
En noviembre pasado el ciudadano español Babi Hamadi Buyema falleció a consecuencia de los gravísimos los enfrentamientos registrados en El Aaiún el pasado noviembre con la policía arrasando el modesto campamento de Gdaim Isik.

La injusticia se ha hecho una vez más fuerte en Marruecos. Y donde el escandaloso abuso de las tropas del Rey Mohamed VI se han llevado por delante, sin motivo alguno, la vida de un modesto trabajador, tal como ya informó en su día alicanteactualidad.es., mientras el Gobierno español, otra vez, se dejaba llevar por la indefinición, por el encogimiento de hombros, por esconder la cabeza debajo del ala.

Una política impropia de un Gobierno fuerte y que se acoquina ante la mirada, altiva, del Gobierno marroquí. ¿Qué es lo que pasa en el seno de la escena internacional para semejantes agravios?

Ayer la voz sobrecogedora y encogida de Lahmad Moulud Alí, vecino de la localidad alicantina de Mutxamel y hermano de la víctima, se alzaba, valiente, para pedir al Gobierno español, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, que haga Justicia, con mayúsculas, con su hermano y que pida explicaciones a Marruecos por enterrar a un ciudadano español sin el conocimiento previo de la familia.


Babi Hamadi Buyema, el ciudadano español que falleció de un modo estremecedor en ese virulento ataque policial ante una población pacífica e indefensa, ahora ha sido enterrado sin autopsia, en medio de la ilegalidad, tal como ha denunciado su hermano, otro ciudadano español, porque, según ha dejado constancia, las autoridades marroquíes no quieren que se sepa la verdad.

Ahora Moulud Alí, un humilde ciudadano español, que ya pidió que se investigara el asesinato de su hermano Babi Hamadi, tras señalar que fue vilmente asesinado en la calle, ha tenido que pedir, en su tristeza, en su pesar y en su drama, que al Ministerio de Asuntos Exteriores español se dirija a su homólogo marroquí para exigir explicaciones y también ha demandado al Gobierno que las personas que han participado en el entierro sean puestos a disposición de la Justicia si se da el caso de que, en un futuro, viajan a España.

Babi Hamadi fue asesinado el día 10 de noviembre después de ser obligado a bajar de un autobús y ser arrollado por un vehículo policial marroquí que paró, dio marcha atrás y volvió a atropellarlo marcha atrás y adelante, según el estremecedor relato de Lahmad.

Mientras tanto la política exterior del Gobierno español, como tantas otras políticas, continúa quedando en evidencia.

Fuente: http://www.alicanteactualidad.es/noticia.php?cn=5974
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miércoles, 8 de diciembre de 2010

La fape recomienda a los periodistas espanoles no viajar a Marruecos ni de vacaciones

La Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE) ha denunciado que una periodista granadina de la APGR en viaje privado pasó la noche en dependencias policiales de Marrakech, sin pasaporte e incomunicada de su familia.
La periodista Ana Beauchy, del diario Granada Hoy, pernoctó la noche pasada en dependencias policiales del aeropuerto de Marrakech, sin pasaporte e incomunicada de su familia. Este caso se suma a los de varios profesionales españoles, rechazados en las fronteras con Marruecos, independientemente de los motivos por los que pensaban realizar el viaje.


La orden marroquí, en vigor desde el lunes 22, impide el acceso a todo periodista español al margen de si su interés en el viaje es personal o profesional. El periodista vallisoletano Guillermo Sanz que viajó al país de vacaciones fue deportado el 29 de noviembre pasado después de pasar una noche en el aeropuerto de Marrakech, a donde llegó acompañado de su novia y un grupo de amigos. Las periodistas extremeñas Tania Agúndez y Ana Bornay permanecieron retenidas toda la jornada del 30 de noviembre en el mismo aeropuerto a pesar de que se disponían a realizar un viaje como turistas. Del mismo modo, varios periodistas ceutíes intentaron cruzar la frontera marroquí por carretera para recoger a familiares y amigos en el aeropuerto de Tánger la semana pasada, siendo también rechazados.



La periodista Ana Beauchy, miembro de la Asociación de la Prensa de Granada (APGR), sigue retenida en el aeropuerto de Marrakech incomunicada de su familia, y solo puede acceder a la zona de embarque para comprar sus propios productos de comida y aseo. El presidente de la APGR, Antonio Mora, se ha puesto en contacto, esta misma mañana, con la presidenta de la FAPE, Elsa González, para iniciar todas las acciones necesarias de apoyo a la periodista granadina.



La FAPE coincide con la APGR y rechaza una vez más la orden del Ministerio del Interior marroquí que prohíbe la entrada a todo periodista español que no resida en el país vecino. La primera organización profesional de periodistas de España considera que esta medida constituye un grave gesto de discriminación impropio de un buen hacer diplomático, además de un injustificado desprecio hacia las personas por motivos profesionales.



Esta Federación reclama una mayor implicación del Gobierno español, al que solicita que agilice las gestiones que ha puesto en marcha con Rabat, para lograr el libre acceso de los periodistas españoles a Marruecos. La FAPE es la primera organización profesional de periodistas de España con 48 asociaciones federadas y 13 vinculadas que en conjunto representan a más de 20.000 asociados.

Fuente:http://www.prnoticias.com/index.php/home/559-periodismo/10062364-la-fape-recomienda-a-los-periodistas-espanoles-no-viajar-a-marruecos-ni-de-vacaciones
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lunes, 6 de diciembre de 2010

Informe HRW: Sahara Occidental: Palizas y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes

(Nueva York) - Las fuerzas de seguridad marroquíes han golpeado y maltratado repetidamente a personas detenidas tras los disturbios del 8 de noviembre de 2010 en El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, Human Rights Watch señaló hoy. Las fuerzas de seguridad también atacaron directamente a civiles, según demuestra una investigación de Human Rights Watch. Las autoridades marroquíes deben poner fin inmediatamente al maltrato de detenidos y llevar a cabo una investigación independiente de los abusos, señaló Human Rights Watch.

En las primeras horas del 8 de noviembre, las fuerzas de seguridad marroquíes se dispusieron a desmantelar el campamento de tiendas de Gdeim Izik, compuesto por unas 6,500 tiendas levantadas por los saharauis a principios de octubre para protestar por sus condiciones sociales y económicas en Sahara Occidental­, región controlada por Marruecos. Esto desencadenó enfrentamientos violentos entre los residentes y las fuerzas de seguridad tanto en el campamento como en el vecino El Aaiún. Once agentes de seguridad y al menos dos civiles resultaron muertos, según la versión oficial. Se incendiaron muchos vehículos y edificios públicos y privados en la ciudad."Las fuerzas de seguridad tienen derecho a hacer un uso proporcionado de la fuerza para prevenir la violencia y proteger vidas humanas, pero nada puede justificar golpear a personas detenidas hasta que pierdan el conocimiento", señaló Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.


Tras las confrontaciones violentas iniciales, las fuerzas de seguridad marroquíes participaron, junto con civiles marroquíes, en ataques de represalia contra la población civil y los hogares, e impidieron que los saharauis heridos recibieran tratamiento médico. Dicha conducta, así como las palizas a personas detenidas, no pueden considerarse un uso legítimo de la fuerza para prevenir o detener actos violentos por parte de algunos manifestantes, como arrojar piedras o incendiar edificios, señaló Human Rights Watch.

Después de la violencia del 8 de noviembre, los funcionarios de seguridad marroquíes detuvieron a centenares de saharauis en relación con los disturbios, de los cuales más de cien siguen recluidos. Otros nueve han sido trasladados a Rabat para que un tribunal militar instruya su caso, según dijeron abogados de derechos humanos saharauis en El Aaiún a Human Rights Watch.

Restricción del acceso a la información

Tras el desmantelamiento del campamento de tiendas, las autoridades marroquíes limitaron estrictamente el acceso a El Aaiún, y permitieron que pocos periodistas o representantes de organizaciones no gubernamentales llegaran a la ciudad y enviaron de regreso a muchos de los que lo intentaron. El 11 de noviembre, impidieron a un investigador de Human Rights Watch embarcar en dos ocasiones en un vuelo a El Aaiún, que voló finalmente a la ciudad el 12 de noviembre. Del 12 al 16 de noviembre, el investigador y un asistente de investigación de Human Rights Watch basado en El Aaiún pudieron entrevistar a civiles y agentes de policía heridos en los hospitales y sus casas. También se reunieron con Mohamed Jelmous, gobernador de la región de El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra.

"Nos alegra que Marruecos cambiara de postura y permitiera que Human Rights llevara a cabo una investigación en El Aaiún", señaló Whitson. "Pero un gobierno que dice una y otra vez que no tiene nada que ocultar debe demostrarlo permitiendo que todos los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales lleguen a la región y recopilen información sin obstáculos", agregó.

Descripción general de los hechos

Human Rights Watch centró su investigación en los abusos contra los derechos humanos cometidos después del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, no en las características de la protesta en el campamento, la decisión de cerrarlo o la manera en que se cerró.

Human Rights Watch no ha hecho su propio recuento de las bajas civiles y de las fuerzas de seguridad durante los sucesos. Según las autoridades marroquíes, nueve miembros de las fuerzas de seguridad resultaron muertos durante la operación en el campamento de Gdeim Izik, en la mañana del 8 de noviembre, y otro murió durante los disturbios ocurridos ese día en El Aaiún. La novena persona murió el 17 de noviembre como consecuencia de las heridas recibidas durante los disturbios. Un civil murió debido a las heridas sufridas durante la operación de las fuerzas de seguridad en Gdeim Izik, otro murió atropellado por un vehículo durante los disturbios en El Aaiún. La Fiscalía ordenó una investigación judicial de este último caso, según una declaración del Gobierno.

El 18 de noviembre, Human Rights Watch comunicó a los funcionarios del Ministerio del Interior en Rabat sus pruebas de que las fuerzas de seguridad habían abierto fuego en la ciudad de El Aaiún, hiriendo a civiles, y de otros ataques violentos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad contra saharauis, tanto en libertad como detenidos. Al día siguiente, las autoridades marroquíes volvieron a emitir un desmentido y señalaron por escrito a Human Rights Watch que: "Las operaciones de las fuerzas de seguridad durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, así como sus operaciones en El Aaiún, se realizaron de conformidad con los procedimientos legales vigentes, respetando estrictamente lo que se requiere de un Estado que respeta el Estado de derecho, y sin que se realizara ni un solo disparo". También señalaron que "las autoridades marroquíes están dispuestas a iniciar investigaciones y los análisis forenses necesarios para esclarecer totalmente la base de estas alegaciones. Es más, aquellas personas que alegan haber sido sometidas a un trato violento, estén o no detenidas, tienen plena libertad para interponer demandas ante los tribunales con el fin de establecer la validez de sus afirmaciones".

El 20 de noviembre, el Gobierno anunció que, partiendo del informe de Human Rights Watch, la fiscalía del Tribunal de Apelaciones de El Aaiún había abierto una investigación acerca de "las alegaciones de personas heridas por disparos de bala" durante los disturbios de El Aaiún.

Human Rights Watch tiene la intención de dar un seguimiento a cualquier investigación oficial así como al trato que reciban las víctimas de abusos que presentan una denuncia.

Las fuerzas de seguridad que participaron en los hechos proceden de varias instituciones. Entre las tropas que intervinieron en el campamento había gendarmes y Fuerzas Auxiliares, según una declaración del Ministerio del Interior. En El Aaiún intervinieron la fuerza policial regular, las unidades especiales anti-motines (groupes d'intervention rapide, GIR) y las Fuerzas Auxiliares. Estas últimas asisten a otros departamentos de las fuerzas de seguridad y no forman parte del Ministerio del Interior.

La misión de investigación de Human Rights Watch identificó los siguientes posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Algunas de las personas que hablaron con Human Rights Watch dieron permiso para utilizar sus nombres, mientras que otras pidieron que no se revelaran sus nombres por temor a las represalias.

Abusos durante la detención
Human Rights Watch entrevistó a siete saharauis detenidos después de los eventos violentos del 8 de noviembre y puestos en libertad posteriormente. Todos ellos alegaron que los policías y los gendarmes los habían maltratado durante la detención, lo que incluyó en algunos casos golpearlos hasta dejarlos inconscientes, arrojar orina sobre ellos y amenazarlos de violación. Los abogados que representan a los que siguen detenidos señalaron a Human Rights Watch que al menos un detenido había dicho al juez de instrucción que lo habían violado durante la detención, mientras que otros muchos contaron al juez de instrucción y al fiscal las palizas y otros abusos a los que habían sido presuntamente sometidos durante la detención.

Los testigos entrevistados por Human Rights Watch tenían hematomas graves y otras heridas recientes que sugerían que habían sido golpeados durante la detención.

Los familiares de los detenidos dijeron a Human Rights Watch que las autoridades marroquíes no les habían informado de las detenciones durante varios días y, al 23 de noviembre, las autoridades todavía no les habían permitido visitar a familiares que llevaban hasta dos semanas detenidos, aunque los abogados defensores habían podido entrevistarse con ellos por primera vez ese día. Los retrasos dificultaron que muchas familias pudieran determinar rápidamente el paradero de las personas desaparecidas u obtener información acerca del trato recibido durante la detención.

Human Rights Watch instó a las autoridades a que informen inmediatamente a los familiares cercanos de cada persona detenida, como requiere el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales de Marruecos.

Los saharauis recluidos en la prisión de El Aaiún estaban siendo investigados por cargos tales como la formación de una banda criminal con el objetivo de cometer delitos contra las personas y la propiedad, posesión de armas, destrucción de la propiedad pública y participación en la toma de rehenes y el secuestro de personas, en el incendio de edificios, en el uso de la violencia contra miembros de la fuerzas del orden que resultaron en muertos y heridos, así como en encuentros armados.

Ahmed Jadahlou Salem, de 34 años, señaló Human Rights Watch que había llegado al campamento de Gdeim Izik, escenario de las protestas, en la tarde del 7 de noviembre, después de un largo viaje de automóvil desde España. Dijo que en la mañana de la represión policial, los gendarmes que se encontraban en el campamento lo arrestaron y esposaron, y después lo golpearon y patearon con sus botas hasta que perdió el conocimiento. Cuando recobró el conocimiento, seguía en el campamento y los gendarmes volvieron a propinarles varias patadas en el pecho y lo arrojaron después a la parte trasera de un camión:

Nos metieron a unos 30 ó 40 en la parte de atrás del camión de los gendarmes. Todos teníamos las manos esposadas detrás de la espalda. Nos metieron en el camión como si fuéramos ganado; algunos teníamos heridas en la cabeza y todos estábamos sangrando. Estábamos tumbados unos encima de otros, y así nos dejaron durante una o dos horas, mientras nos ordenaban que mantuviéramos la cabeza agachada.

Jadahlou dijo que cuando el camión llegó a El Aiún, sacaron a los hombres arrastrándolos por los pies y los llevaron andando a la gendarmería, mientras les propinaban puñetazos y patadas. Dijo que los encerraron en una habitación que, el 9 de noviembre, albergaba a 72 hombres detenidos. Jadahlou describió a Human Rights Watch cómo sacaron a cada persona de la celda común para interrogarla, y les propinaron patadas y puñetazos por el camino:

En la sala de interrogatorio había quizá seis gendarmes, pero otros entraban y salían todo el tiempo. No había una silla para sentarse y cada pregunta iba acompañada de una patada o una bofetada. Hicieron muchas preguntas: qué hacía en el campamento, por qué queríamos nuestro propio Estado. Me preguntaron por muchas personas por su nombre. Amenazaron con violarme ahí mismo.

Jadahlou dijo que cuando el camión llegó a El Aiún, sacaron a los hombres arrastrándolos por los pies y los llevaron andando a la gendarmería, mientras les propinaban puñetazos y patadas. Dijo que los encerraron en una habitación que, el 9 de noviembre, albergaba a 72 hombres detenidos. Jadahlou describió a Human Rights Watch cómo sacaron a cada persona de la celda común para interrogarla, y le propinaban patadas y puñetazos por el camino:

Otra persona que había estado detenida, Laassiri Salek, de 38 años, dijo a Human Rights Watch que la policía le había detenido alrededor del mediodía del 9 de noviembre en su casa del barrio de Columina Nueva. Señaló a Human Rights Watch que, aunque estaba esposado y con los ojos vendados, está bastante seguro de que lo trasladaron a la comisaría central de la policía de la ciudad. Una vez allí, según dijo, le golpearon durante cinco horas con palos y bastones de madera, lo que le hizo perder el conocimiento en dos ocasiones. La policía lo reanimó arrojándole agua. Dijo que podía oír los gritos de dolor de otros detenidos en las inmediaciones. Después de la larga sesión de golpes, durante la cual varios agentes de policía entraron y salieron, se lo llevaron a la sala de interrogatorio, donde, según dijo, siguieron golpeándole con bastones en la cabeza, la espalda y la zona de los riñones.

Salek señaló a Human Rights Watch que la policía obligó a los detenidos a cantar el himno nacional marroquí, y les golpeaban si no se sabían la letra. La policía les arrojó agua fría y no les proporcionó alimentos durante los primeros dos días. Dijo que, en la noche del 10 de noviembre, la policía ordenó a los detenidos que se pusieran en línea, todavía con los ojos vendados, mientras los agentes corrían hacía ellos y les propinaban duras patadas con sus botas. Salek volvió a perder la conciencia. Cuando la policía le puso en libertad al día siguiente, no podía caminar y tuvieron que sacarle de la comisaría en una silla de ruedas y llevarle a casa en un taxi. Seguía en una silla de ruedas cuando Human Rights Watch lo entrevistó el 16 de noviembre, cinco días después de su puesta en libertad.

Leila Leili, una activista saharaui de 36 años, fue detenida el 9 de noviembre a las puertas de la casa de su padre cerca de la avenida Smara, en el barrio de Lacheicha, después de que la policía encontrara en su bolso un relato de los acontecimientos del día anterior escrito por ella. Dijo a Human Rights Watch que los agentes de policía la llevaron primero a un edificio privado cercano, donde un policía le dio un puñetazo en la cara. La retuvieron allí durante varias horas y después la trasladaron a la comisaría central. Allí se quejó con los agentes de que los policías que la habían arrestado habían dejado en libertad a varios marroquíes armados con cuchillos, pero habían arrestado a todos los civiles saharauis que habían parado. Según recuerda:

Debido a esto [la queja], empezaron a golpearme con palos en la cabeza y la espalda, y a darme patadas. No sé cuántos eran porque seguía con los ojos vendados. Me ordenaron que gritara eslóganes pro marroquíes como "Viva el Rey" y que dijera que era marroquí. Les dije que respetaba a su rey y al pueblo marroquí, pero que yo no era marroquí. Estaban golpeando a otras personas en la misma habitación y obligándolas a decir las mismas cosas.

Leili fue sometida después a un largo interrogatorio acerca de su trabajo como activista, sus viajes a Argelia y España y el trabajo de su asociación y sus miembros. Después del interrogatorio, la hicieron sentarse en un pasillo de la comisaría, donde los agentes que pasaban le propinaban regularmente patadas y golpes. Dijo a Human Rights Watch: Me pusieron en el pasillo y todo el que pasaba me golpeaba. Preguntaban: "¿Qué hace ésta aquí?", y otro respondía: "Dice que no es marroquí", y entonces me pateaban o golpeaban.

Ataques contra hogares saharauis

Human Rights Watch visitó los barrios de Haï Essalam y Colomina Nueva, donde numerosas casas de saharauis habían sido atacadas el 8 y 9 de noviembre por grupos que incluían a miembros de las fuerzas de seguridad y personas con ropa de calle, algunos de los cuales eran aparentemente civiles marroquíes, según los residentes. Las personas entrevistadas describieron cómo los atacantes golpearon a los residentes dentro de sus casas y dañaron sus pertenencias. Según se ha informado, las autoridades han adoptado medidas para compensar a los propietarios por los daños, pero, hasta donde ha podido determinar Human Rights Watch, no han anunciado ningún arresto o cargo contra los civiles marroquíes implicados en los actos de violencia.

Una persona que lleva 30 años residiendo en el barrio de Columina Nueva describió cómo un grupo de civiles marroquíes se reunió frente a su casa, cerca de la calle Moulay Ismaïl, alrededor de las tres de la tarde del 8 de noviembre. Los marroquíes iban acompañados de agentes de policía de paisano, que podían identificarse por el equipo de protección que portaban, y por policías uniformados armados con gases lacrimógenos y pistolas. Los civiles entraron por la fuerza en su casa y lo golpearon en la cabeza con un machete, lo que le dejó inconsciente y con una profunda herida. Su hermano presenció cómo los civiles saqueaban su casa, robaban televisiones, utensilios de cocina y muchos más objetos valiosos, y destruían las ventanas y los muebles.

Alrededor de una docena de hogares saharauis en la calle Moulay Ismaïl o las cercanías fueron invadidos y dañados. A dos calles de lugar, un grupo de unos 40 soldados y agentes de policía invadieron la casa de dos mujeres mayores a las diez y media de la mañana del 8 de noviembre. Las mujeres dijeron que los invasores dispararon proyectiles antimotines con perdigones de plástico contra la casa, dijeron a la familia que saliera y robaron una computadora y joyas.

En uno de estos ataques ocurridos en Columina Nueva, un grupo de civiles marroquíes y policías entró en una casa saharaui a la una y media de la tarde del 8 de noviembre, donde encontró a siete hombres saharauis desarmados ocultos en un pequeño cuarto en la azotea. Cuatro de ellos, a los que Human Rigths Watch entrevistó el 16 de noviembre, dijeron que la policía los atacó, disparando a uno en la parte baja de la pierna izquierda con munición de guerra con una pistola de pequeño calibre, disparando cartuchos de escopeta antimotines con perdigones de plástico contra el grupo provocándoles heridas superficiales y golpeándoles duramente con una pesada bombona de gas butano y palos. Uno de ellos, un hombre de 28 años que ocho días después dijo que todavía no podía mover el brazo derecho debido a la dureza de los golpes, recordó el ataque:

La policía entró por la fuerza a la casa y entró armada, después echaron abajo la puerta de la habitación donde estábamos escondidos. Un policía me golpeó con una bombona de gas butano, levantándola por encima de su cabeza y arrojándomela, primero sobre mi brazo y después sobre mi pie. Nos insultaba y nos decía: "Todos ustedes son del Polisario". Después nos golpearon con palos y nos dispararon. Nos obligaron a ponernos contra la pared y siguieron golpeándonos. Éramos siete [civiles] y había unos nueve policías.

La policía arrestó a los hombres y los llevó a la planta baja de la casa. Por el camino, algunos de los civiles marroquíes que habían entrado en la casa los golpearon, según dijeron después a Human Rights Watch. Los introdujeron en un automóvil y los trasladaron a la Prefectura de Seguridad Nacional, donde los recluyeron durante dos días antes de ponerlos en libertad sin cargos.

Cuando Human Rights Watch visitó el cuarto de azotea el 16 de noviembre, el suelo y las paredes estaban manchados de sangre. Los hombres mostraron a los investigadores los perdigones de plástico y los cartuchos de escopeta para el control de disturbios que, según dijeron, quedaron en el suelo del cuarto después del asalto policial.

Los residentes de algunas calles donde se habían dañado casas el 8 y 9 de noviembre dijeron que, más tarde esa misma semana, los funcionarios del Ministerio del Interior visitaron la zona e hicieron arreglos para proporcionar alguna compensación financiera. El gobernador Mohamed Jelmous también dijo a Human Rights Watch que se estaba indemnizando a los propietarios.

Según más de uno de los testigos entrevistados, durante la mayor parte del 8 de noviembre, la policía impidió el acceso al principal hospital público de El Aaiún, en ciertos casos atacando a los civiles saharauis que buscaban tratamiento para sus heridas. Un trabajador del hospital dijo a Human Rights Watch que presenció un ataque en el que la policía rompió las ventanillas de un taxi que llegó hasta el hospital trasladando a tres saharauis heridos, y golpeó tanto a los hombres heridos como al taxista, antes de dejar al taxista que se fuera y detener a los tres pasajeros. Varios saharauis que habían sido golpeados dijeron que no acudieron al hospital a recibir tratamiento por miedo a que la policía estuviera allí.

Ataque policial a un investigador de Human Rights Watch en la calle

La policía propinó una paliza a Brahim Alansari, asistente de investigación de Human Rights Watch en El Aaiún, en una calle de la ciudad, cuando iba acompañado de John Thorne, corresponsal en Rabat de The National, el diario en lengua inglesa de Abu Dhabi. Alrededor de las nueve de la mañana del 8 de noviembre, en un momento en que los manifestantes estaban arrojando piedras y las fuerzas de seguridad se estaban concentrando en las calles, la policía detuvo a los dos hombres en una calle adyacente detrás del hotel Negjir, en el centro de El Aaiún, y exigió saber qué hacían en el lugar. Después de que Alansari y Thorne les informaran de su nombre y su profesión, los agentes los separaron. Alansari describió lo que sucedió a continuación:

Los policías me rodearon y empezaron a patearme, golpearme con sus bastones y abofetearme. Me preguntaron mi nacionalidad. Cuando me negué a contestarles, aparentemente se enfurecieron y empezaron a golpearme de nuevo. Entonces llegó un oficial superior y me ordenó que respondiera. Dije que no podía hablar mientras me golpeaban. No ordenó a los otros que dejaran de pegarme...

Uno de los policías me llevó donde estaba John [Thorne] sentado en una silla. El policía me obligó a sentarme en el suelo al lado de John y dijo que yo era un perro y que ese era mi sitio. Después de unos 10 ó 20 minutos, algunos policías se acercaron y dijeron al Sr. Thorne que regresara a su hotel y no hiciera ningún trabajo. Después, el hombre con ropa de paisano me pidió que no acompañara al Sr. Thorne ni lo llevara a ningún lado y que debía en cambio irme a casa y no meterme en problemas. Me devolvieron mi teléfono y mi identificación, y le dieron a John su pasaporte, y nos fuimos.

Thorne dijo a Human Rights Watch que pudo ver la paliza desde donde le obligaron a sentarse, a unos cinco metros:

Alrededor de una docena de policías (algunos con uniformes verdes y otros con equipamiento antidisturbios de color azul) rodearon a Brahim y empezaron a golpearlo. No pude ver cuántos policías lo golpearon, pero pude ver que lo golpearon con las manos y los bastones al menos una veintena de veces durante unos cuantos minutos. Después los policías obligaron a Brahim a sentarse a mi lado.

El 23 de noviembre, Human Rights Watch envió una carta a las autoridades marroquíes explicando este incidente y solicitando que se investigara. El 24 de noviembre, el Ministerio del Interior respondió afirmando que había abierto una investigación administrativa y que el Ministerio de Justicia había pedido a la fiscalía de El Aaiún que emprendiera una investigación judicial. Human Rights Watch tiene la intención de informar sobre el resultado de estas investigaciones.

Antecedentes

El origen del conflicto actual sobre el Sahara Occidental se remonta a 1975, cuando España, la antigua potencia colonial, se retiró de la región y Marruecos tomó el control de este territorio desértico escasamente poblado. Desde entonces, Marruecos ha afirmado su soberanía y administrado el Sahara Occidental como si fuera una parte de Marruecos, a pesar de que la ONU no reconoce dicha soberanía y considera al Sahara Occidental como "un territorio sin gobierno propio". El Frente Polisario, el movimiento independentista del Sahara Occidental, libró una guerra contra Marruecos hasta 1991, cuando la ONU promovió un alto el fuego y un acuerdo para la organización de un referendo de autodeterminación para la población del Sahara Occidental.

El referendo no se ha celebrado debido a las objeciones de Marruecos, que rechaza la opción de la independencia y propone en cambio la concesión de cierta autonomía para el Sahara Occidental bajo el control marroquí. El Polisario sigue insistiendo en la celebración de un referendo que incluya la opción de la independencia. Las negociaciones para superar este obstáculo no han dado frutos hasta ahora. Mientras tanto, gran número de marroquíes han emigrado al sur y se han asentado en el Sahara Occidental, donde ahora superan en número a los saharauis originarios de la región.

Bajo el régimen marroquí, la promoción de la independencia se considera un "ataque contra la integridad territorial", sancionable por ley. Aunque no todas las actividades pro independentistas en el Sahara Occidental son de carácter no violento (en algunos casos, los jóvenes han arrojado piedras y cócteles molotov durante los recientes enfrentamientos y han causado daños a la propiedad), las fuerzas de seguridad disuelven sistemáticamente incluso las protestas pacíficas, y los activistas no violentos son sometidos a juicios injustos y penas de cárcel.

Fuente: http://www.hrw.org/es/news/2010/11/26/sahara-occidental-palizas-y-maltrato-por-parte-de-las-fuerzas-de-seguridad-marroqu-e

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viernes, 3 de diciembre de 2010

'Con Mohamed VI la corrupción se ha institucionalizado en Marruecos'

Entre el 50 y el 70 por ciento del Ejército de Marruecos está desplegado en Sáhara Occidental y los altos mandos militares del Reino alauí destinados en la antigua colonia española se aprovechan de su posición para "desviar fondos" procedentes de los contratos y para "influir en las decisiones empresariales", según revela un nuevo cable difundido este viernes por el portal Wikileaks.



Asimismo, otro documento indica que la corrupción se ha "institucionalizado" con Mohamed VI y que todas las inversiones extranjeras en Marruecos dependen de la decisión de "tres individuos" que tienen "influencia e intereses comerciales en todos los proyectos estatales importantes", entre los que destaca "el propio Rey".

Un cable calificado como "secreto" y remitido por la Embajada de Estados Unidos en Rabat a la Secretaría de Estado en Washington en agosto de 2008 indica que el Ejército de Marruecos se caracteriza por "la corrupción, la ineficacia burocrática, el bajo nivel de formación de los mandos, la amenaza periódica de radicalización de sus soldados, la marginación política y el despliegue de la mayoría de sus efectivos en el Sáhara Occidental".

Según el cable, "clasificado por el embajador Thomas T. Riley", el Ejército marroquí, que contaba por entonces con alrededor de 200.000 efectivos, es una institución "excesivamente gravosa" que destina entre el 50 y el 70 por ciento de sus efectivos al Sáhara Occidental. Por las fechas en que se emitió el cable, solo estaba operativo "el 40 por ciento de estos efectivos", añade el documento.

El informe secreto indica también que "Marruecos no considera que el Frente Polisario sea una amenaza militar convencional" y que "por lo general se ha abstenido de cometer los clásicos atentados terroristas con bomba". Asimismo, precisa que, "pese a que el espectro ha surgido en algunas ocasiones, no hay indicios de ninguna actividad salafista entre la población indígena saharaui".

Uno de los puntos más duros del cable se refiere a la corrupción, que "es prevalente en todos los niveles de la sociedad marroquí y en el Ejército", en especial "en sus más altos rangos".

"Informaciones creíbles" indican que el teniente general Abdelaziz Benanni (al que se menciona como "inspector general del Mando Militar" y de quien se dice que probablemente sea retirado "pronto" a causa de las "sospechas de corrupción") "está utilizando su posición como comandante del Sector Sur (donde se encuentra el Sáhara Occidental) para desviar fondos procedentes de los contratos militares y para influir en las decisiones empresariales", asegura el cable.

"Hay numerosos rumores según los cuales tiene una gran participación en las pesquerías del Sáhara Occidental", prosigue. "Benanni, al igual que muchos altos mandos militares, tiene una lujosa vivienda familiar que probablemente fue construida con fondos obtenidos mediante sobornos", añade.

"TRES INDIVIDUOS"

Por otra parte, Wikileaks ha hecho público en las últimas horas otro cable secreto, fechado en diciembre de 2009 y remitido por el Consulado de Estados Unidos en Casablanca a la Secretaría de Estado, en el que se asegura que cualquier decisión sobre inversiones extranjeras en Marruecos depende de "tres individuos".

Estos "tres individuos" son un ex viceministro y actual dirigente del gubernamental Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM), Fouad el Himma, amigo personal del monarca; el jefe de la secretaría privada del Rey y principal asesor financiero de éste, Mohamed Munir al Mayidi, y "el propio Rey", Mohamed VI.

"Durante el reinado de Hassan II había prácticas de corrupción, pero ésta se ha vuelto mucho más institucionalizada con el Rey Mohamed VI", añade el cable. "El único tema sobre el que la mayoría de los marroquíes se atreven a rumorear es el referente a la influencia y los intereses comerciales del Rey y de algunos de sus asesores en todos los proyectos estatales importantes", indica el Consulado norteamericano en Casablanca.

Fuente: http://www.europapress.es/internacional/noticia-mohamed-vi-corrupcion-institucionalizado-marruecos-20101203123208.html
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